Luis Roca Jusmet
Rebelión
Rebelión
Lo que entiendo por una política educativa de izquierdas
Si nos preguntamos por si hay o no hay por parte del gobierno ( o gobiernos) una política educativa de izquierdas hay que empezar definiendo lo que entendemos como tal. Y en esto no pretendo ser original sino simplemente recuperar una serie de principios elementales que pueden recogerse de la tradición republicana socialista, es decir, de la versión más radical del ideal ilustrado. Podríamos recogerla en cuatro puntos :
1) Una educación laica. La enseñanza religiosa confesional , como opción privada, queda fuera de la escuela. Lo único que debe enseñarse es una historia de las religiones que recoge este hecho cultural. En este sentido hay que excluir la enseñanza confesional ( católica, islámica...)
2) Una educación gratuita y universal hasta la edad laboral. Esta educación gratuita debe ser impartida en centros públicos de manera autogestionada en el contexto de una planificación democrática. Los enseñantes deben ser trabajadores seleccionados por sus méritos de una forma trasparente y que cumplen una función pública La existencia de centros concertados, es decir de centros privados financiadas con dinero público a de tener un carácter excepcional.
3) Una educación pública y de calidad que ha de ser eficiente y con una inversión pública prioritaria que pueda garantizar este objetivo.
4) Una educación que se enmarque en una legislación adecuada cuyo funcionamiento garantice la igualdad de oportunidades y una enseñanza de calidad.
Desde este planteamiento analicemos el debate sobre educación entre el PP y el PSOE
1) La política del PSOE ( igual que la del PP y de Convergencia i Unió y el PNV con sus responsabilidades históricas en Catalunya y el Pais Vasco) no es la de potenciar una educación laica. Todos están de acuerdo en que hay que enseñar religión confesional en las instituciones educativas y nadie plantea la auténtica opción laica : que la enseñanza confesional se ha de impartir fuera de las instituciones educativas.
2) La política del PSOE es la de crear un sistema público orientada a que uno de los pilares fundamentales sean los centros concertados. En la práctica esta política conduce a lo mismo que defiende la derecha ( PP, CiU, PNV) : una enseñanza privada para los hijos de la burguesía, enseñanza concertada para los hijos de la pequeña burguesia y de la clase trabajadora asentada y enseñanza pública para los hijos de los nuevos proletarios : trabajadores precarios, inmigrantes, parados, familias monoparentales sin recursos. Y también, por supuesto, para los hijos del lumpen, es decir para todos aquellos que han nacido y crecido en los sectores más marginales de la sociedad.
3) La política económica de PSOE ( igual que la del PP ) es insuficiente como inversión pública para garantizar una educación obligatoria, gratuita y de calidad.
4) La política legislativa del PSOE , que se concreta primero en la LOGSE y después en la LOE no plantea un marco adecuado para una enseñanza pública de calidad.
Es cierto que el PSOE y el PP ni dicen ni tampoco hacen lo mismo. Pero también lo es que no hay diferencias radicales entre ellos y que hay una especie de confabulación, amparada por el sistema mediático, para polarizar el tema en los términos de bipartidismo. Evidentemente, los grandes ganadores son el PSOE y el PP ( y también los partidos nacionalistas) y el gran perdedor es el pensamiento crítico. Gana por tanto el pensamiento único, que en contra de lo que se nos ha dicho, siempre se desarrolla en una bifurcación que introduce una falsa polémica para ocultarnos la opción radicalmente alternativa La opción del PP es absolutamente coherente con una opción de derechas que defiende unos intereses compartidos de la burguesía y de la Iglesia. Una parte de la inversión pública para financiar la enseñanza privada ( especialmente la religiosa) y la otra parte para garantizar un control y vigilancia institucional de los hijos de obreros e inmigrantes. Y en este juego quiere ganarse también a la pequeña burguesía y a sectores de la clase trabajadora más conservadora potenciando unos centros concertados baratos. El PSOE es mantiene una posición defensiva en el tema religioso, poco generosa en la inversión para los centros públicos y que además no apuesta por estos frente a la enseñanza concertada. Y elabora una ley muy pobre, la LOE que ignora los problemas reales generados por la enseñanza pública a partir de la LOGSE. Y es esta ley la que le permite sostener un discurso ideológicamente correcto en el peor de los sentidos, es decir, como ocultación de una situación real frente a la cual no tiene alternativas.
Logse, Loe: más de lo mismo
El debate entre la LOGSE ( del que la LOE es continuadora) y la LOCE es aparentemente entre una opción educación laica e igualitaria ( progresista ) y entre una educación religiosa y clasista (conservadora). Entre una opción de izquierdas, que representaría el PSOE y una opción de derechas, que representara el PP Como ciudadano de izquierdas que trabaja en la enseñanza pública quiero decir que esto es falso. Y voy a exponer con claridad las razones:
Repasemos un poco el proceso. La LOGSE surge como la gran propuesta educativa de un partido que se dice de izquierda que es el PSOE. La ley pasó un complicado proceso desde su primera formulación hasta su definitiva aplicación. Uno de sus objetivos fue ampliar la escolarización hasta los 16 años., objetivo complejo y ambicioso que necesitaba , de entrada, una ley de financiación que permitiera una aplicación en condiciones .El PSOE no lo hizo y lo único que se consiguió fue lo peor, que es conseguir únicamente que todos los jóvenes hasta los 16 años estén encerrados obligatoriamente en los centros educativos. Por otra parte la ley tenía un discurso que era el acuñado por los psicopedagogos adscritos a la ideología de la educación comprensiva. El problema de base es que una cuestión tan compleja como la educación se dejaba en manos de unos supuestos expertos, sin experiencia en las aulas, que mantenían de forma prepotente tener la solución de los problemas educativos. Y que presentaban su discurso como el único posible de la izquierda : una misma educación para todos y atención a la diversidad específica para los que presenten deficiencias cognitivas y/o trastornos de conducta. Esta es la única diferencia que se contemplaba, lo demás es uniformidad. Coloreada los últimos años, por supuesto, con la ideología del multiculturalismo. Cualquier atención a las diferencias individuales, cualquier separación en función de intereses y capacidades se entendía dogmáticamente como un defensa de la discriminación. Un discurso tan cerrado no podía conducir, en sí mismo, a nada bueno. Y menos, por supuesto, si no tenemos los recursos suficientes.
La situación cada vez se hace más insostenible en los centros públicos : absentismo, conflictividad, la segregación invisible de quién continua dentro del sistema pero marginado en su interior. Y con un fracaso escolar no lo es del alumno, que es del sistema, ya que una cuarta parte de estos jóvenes acaba esta escolarización obligatoria sin ninguna titulación y en un estado de frustración y de desvalorización personal que oscila entre la depresión y la violencia. Sin ser alarmistas y matizando la afirmación podríamos hablar de una deriva de los centros públicos, empujados hacia un estado de cosas que convierte a los centros públicos en centros asistenciales ( que es en realidad lo que defiende hoy la derecha política y religiosa). Porque por lo que sí hizo el PSOE es regular ( a través de una ley de financiación de los centros concertados ) que los centros privados, subvencionados con dinero público, fueran el salvavidas de una amplia clase media o incluso trabajadora que podía llevar por muy poco dinero a centros seleccionados que excluían los sectores más marginales y conflictivos de la sociedad. Esta ley permitió a los gobiernos autonómicos de derecha ( PP, PNV, CDC) desarrollar una política clara de priorizar con dinero público estos centros concertados.
En los años sucesivos de gobierno del PP se plantea la necesidad de modificar la ley básica que es la LOGSE. ¿Cuales son sus motivos?
1) Le interesa políticamente rentabilizar el fracaso de la política educativa del PSOE,
2) Le molesta las limitaciones que pone la LOGSE a los centros privados de cara a una educación competitiva y a la formación de trabajadores cualificados que necesita el capitalismo. Por otra parte quiere judicial izar los conflictos de la escuela pública a la manera de Francia : con soluciones policiales.
3) Le permite sustituir el discurso ideológicamente correcto del PSOE por otro muchos más comprensible por todos los sectores sociales basados en la reivindicación de la autoridad, la disciplina y el esfuerzo. El PP plantea que todos estos valores son patrimonio de la derecha y se enmarca en su discurso autoritario y jerárquico.
La gran paradoja para los enseñantes de izquierda es ver que el PP es el único que formuló problemas reales que se viven en las aulas y por tanto el único que se plantea como abordarlos. Lo que es evidente es que la LOCE es globalmente una solución desde la derecha, como le corresponde, pero la supuesta izquierda política y sindical se limitaba a defender la corrección político-ideológica con una defensa principista de la LOGSE y negando lo que era una realidad preocupante en las aulas y en los institutos. Negándolo hasta el punto de que Carmen Chacón, portavoz del PSOE en Educación en aquellos momentos, criticara la LOCE con uno de los discursos más demagógicos que se han oído en esta país.
La vuelta al poder del PSOE, con la LOE, ha significado un más de lo mismo, mantener la LOGSE con pocos matices que lo mejoren, y no plantearse los problemas reales que tiene la educación pública en este momento.
Ha habido un falso debate centrado en la asignatura de Educación para la ciudadanía. El interés del PSOE en defender a capa y espada esta alternativa viene de la influencia de los teóricos republicano como Pettit, que plantean que es desde la educación que se debe potenciar el ciudadano crítico. No se entra en un análisis a fondo del sistema socioeconómico ni en un planteamiento radical de sus alternativas. Más bien es la defensa del discurso políticamente correcto. Aquí sí que el PP se convierte en el representante político de l discurso de la jerarquía eclesiástica. Todos los medios ignoran las críticas que desde la izquierda se hace a esta alternativa. La conversión de la filosofía de primero de bachillerato en una asignatura con menos horas y más centrado en la legitimación del sistema político pretende eliminar el papel de la filosofía como espacio crítico.
Los problemas fundamentales siguen sin plantearse y únicamente el informe PISA, centrado únicamente en los resultados, se convierte en un tema mediático coyuntural que solo aboca al alarmismo y no da pie a debates realistas sobre la situación del sistema educativo en nuestro país y sus posibles soluciones. Los profesores de enseñanza secundaria se convierten en el chivo expiatorio, acompañado de discursos retóricos que no conducen a ninguna parte.
La política del tripartito en Catalunya
En Catalunya el gobierno PSC-ERC-IV, que se define como un gobierno de izquierdas, presenta como uno de los resultados estrella de la primera legislatura la aprobación del Pacto Nacional de Educación. Este Pacto, nos dice, desmiente a quienes dicen que este gobierno se preocupa solo por el Estatut. Y es precisamente este pacto el que presenta de manera más clara esta impostura de la que hablo. Dicho pacto lo presentan como la gran inversión económica del gobierno de la Generalitat en los próximos años para combatir el fracaso escolar y para crear un servicio público de educación que rompa la dualidad entre los centros públicos y los centros concertados. Las medidas básicas, donde se concentran el grueso de esta inversión, son dos.
Por una parte la sexta hora de primaria. Se trata de igualar el horario de los centros públicos con los de la concertada, que hace una hora más. Entre los maestros de primaria hay opiniones diferentes, algunos consideran que es una medida positiva y otros lo cuestionan. Sobre todo porque ni la calidad de la educación depende del aumento de horas ni tampoco los resultados
( como lo demuestra el informe PISA, donde los sistemas educativos en mejor posición no son los que tienen una jornada educativa más larga). Esta sexta hora tiene otra función encubierta que es la de permitir que los niños estén más horas en los centros. Esto, evidentemente, es una medida práctica favorable para las familias que no pueden conciliar la vida laboral con la familiar. En todo caso si lo que se trata es de esto hay otras medidas posibles como un servicio gratuito de actividades extraescolares que no implicarían tanta inversión. Pero evidentemente es más correcto para las conciencias de las familias y para la rentabilidad electoral decir que es para mejorar la educación y no para guardar a los niños.
La segunda gran inversión va dirigida a los centros concertados. Para que sean gratuitas en tres años, para pagarles las aulas de acogida y para complementos para los profesores de los centros concertados.
Por una parte, el hecho de plantear que se les da dinero para que sean gratuitas ya nos sitúa en un punto de partida inaceptable. ¿No se suponía que las concertadas ya lo eran ? Evidentemente todo el mundo sabía que las concertadas no eran gratuitas y que Convergencia i Unió representaba los intereses de sectores de la Iglesia y que defendía, como partido de derechas, una enseñanza clasista. Todos sabíamos que su auténtico objetivo era utilizar un discurso político e ideológicamente correcto para esconder que quería reducir la enseñanza pública a un servicio asistencial para los sectores sociales más desfavorecidos, los que no podían acceder a la concertada o a la privada. La política de CiU llegó a niveles de extremo cinismo cuando en los últimos años, en contra de los informes de inspección y del simple sentido común, pasaba a dar el estatuto de concertados a centros del OPUS DEI o a otros de carácter igualmente elitista. Está claro que el gobierno tripartito, al llegar al poder, se encuentra con una situación que todos entendemos que es complicado modificar. Pero lo cierto, así lo ha manifestado más de una vez, es que la voluntad política de Pascual Maragall (y de la tendencia nacionalista-liberal que representa en el PSC) es favorecer los centros concertados. Y que lo único que le preocupa a Esquerra Republicana, es llevar hasta sus últimas consecuencias la política nacionalista que ya había empezado CiU. La política de cohesión social, uno de los ejes básicos del Departament son les aules d’acollida, que surge de la corrección política de preocuparse por los inmigrantes (lo cual estaría muy bien si no fuera al precio de despreocuparse de los colectivos marginados también cada vez más numerosos que no vienen de la inmigración, a los que no se contempla ni se les da un lugar). Pero el objetivo central es catalanizar la escuela y hacernos creer que la cohesión social vienen del aprendizaje del catalán.
Por otro lado tenemos la gran inversión para igualar las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza pública y la concertada, que evidentemente apuntan a la consolidación de este dualismo.
En la segunda legislatura el Conseller Ernest Maragall pretende superar en ambiciones a los anteriores responsables del Departament elaborando la Llei Catalana d’Educació. Aparte de propuestas descabelladas como la de un plan para promocionar el inglés que contempla todas las medidas imaginables, excepto la única racional que es la de aumentar los profesores de inglés y hacer desdoblamientos con ratios de alumnos más reducidos.
El proyecto de Ley catalana de Educación peca, en primer lugar, de ser excesivamente nacionalista. Plantea cosas bastante inverosímiles como que una entidad privada (asociaciones de padres o de profesores... ) pueda gestionar un centro público. Y plantea cuestiones como la evaluación de centros y profesores, autonomía de centros, capacidad de maniobra de los equipos directivos que me parecen discutibles, la cual cosa quiere decir que no hay que rechazar de entrada sino negociar como y en que condiciones se aplica.
¿Existe en la enseñanza una oposición sindical de izquierdas?
La política de CCOO durante los últimos años ha sido, a mi parecer, bastante nefasta. Desde la implantación de la LOGSE ha mantenido una defensa principista de esta ley en contra las críticas de la mayoría de profesores de secundaria, presentándolas siempre como una defensa de privilegios. CCOO ha tenido una gran miopía en este tema y ha dejado (junto a la USTEC y la UGT que no han planteado ninguna otra alternativa) para que aparecieran todo tipo de sindicatos corporativos para los profesores de enseñanza secundaria que recogían la insatisfacción de este colectivo. Las iniciativas asamblearias de profesores, como l’Assemblea del Vallès fueron boicoteadas sistemáticamente por CCOO y sus acólitos.
En la primera legislatura del tripartito CCOO y UGT han defendido el Pace nacional d’Educació. La gran preocupación de CCOO ha sido que los trabajadores de la concertada que han accedido por la selección arbitraria de un empresario a su puesto de trabajo, que muchas veces puede ser la condición de antiguo alumno o la afinidad ideológica tienen el mismo estatuto que los funcionarios que han accedido a través de un sistema público a su plaza o de los interinos que acceden a través de unas listas abiertas y que cada vez están más controlados por la administración. Y con esto no digo que los trabajadores de la concertada no tenga sus derechos pero en todo caso discuto que las condiciones laborales sean las mismas que las de los trabajadores que están sometidos a un estatuto laboral completamente diferente plantea interrogantes muy serios: ¿Como hacer compatible esta exigencia con la de que los centros concertados han de estar sometidos a un control público? ¿Qué se hará si no los cumplen?
¿ bajar sustancialmente el sueldo a sus trabajadores? ¿ Despedirlos? Está claro que la única opción de izquierdas es ofrecer a las escuelas concertadas que sus centros se transformen en públicos y dar entonces a sus trabajadores un estatuto laboral similar a los trabajadores interinos de la administración. Si no tendrán que negociar sus condiciones, como los de la privada no concertada, con su patronal.
CCOO se suma al triunfalismo del gobierno diciendo que se ha eliminado el dualismo del servicio público de educación ( eufemismo con el que pretende eliminar la diferencia entre centros públicos y privados ). Lo que queda es lo siguiente : Centros privados pagados con dinero público para pagar a sus trabajadores y para mantener sus infraestructuras y servicios. Funcionamiento empresarial, es decir jerárquico, y sometido, como mínimo en una de sus variables, a la lógica del beneficio. Centros públicos con un funcionamiento democrático, con recursos humanos y materiales insuficientes y en muchos casos con problemas graves de infraestructuras. Esto es lo que hay, al margen de que los centros concertados ya encontrarán nuevas formas de selección mientras la pública tendrá que sostener sin recursos a los alumnos más conflictivos.
El Pacto Nacional está orientado hacia la primaria ( en un punto que es cuanto menos discutible, porque también se podría exigir a la concertada que haga una hora menos, como plantea la USTEC) y sobre todo hacia la concertada. Para los centros públicos de secundaria, calderilla.
Hay que decir que aquí sí que la USTEC ha mantenido una oposición clara que es de agradecer por su coherencia.
En la segunda legislatura plantean una oposición radical al proyecto de la Llei Catalana d’Educació con argumentos demagógicos. Dice que presenta una privatización de la enseñanza pública, que va contra los derechos de los trabajadores de la enseñanza pública y que plantea un modelo jerárquico de dirección en los centros. Lo que privatiza la enseñanza pública es la aceptación de basarla en gran parte en los conciertos con centros privados, que es lo que defiendo el Pacte Nacional d’Educació que defienden CCOO y UGT. Y no la posibilidad que una entidad privada no lucrativa sin ánimo de lucro pueda gestionar, por ejemplo, una escuela de preescolar. Dar más margen al equipo directivo junto con una evaluación de los resultados puede mejorar el funcionamiento de los centros públicos. Si los sindicatos se definen como de izquierdas lo que deben procurar no es defende3r los intereses corporativos de sus afiliados sino mejorar la enseñanza pública. Y para esto hay que saber negociar y hay que ser coherente. No se puede, por ejemplo, decir que se está contra los catedráticos, seguidamente aceptar cualquier chapuza de convocatoria y finalmente aprovecharla de manera oportunista para organizar cursos para prepararla. Ni tampoco se puede convertir el carácter de izquierdas en la defensa dogmática de unos supuestos principios igualitarios que lam práctica desmiente constantemente.
Y como punto final me parece que hay que recordar que el sistema de representación de los funcionarios es totalmente antidemocrático. Los profesores funcionarios no tenemos representación por centro de trabajo y solo hay una Junta de Personal sin contacto con los trabajadores que parece indigno que pretenda hablar en su nombre.
Hay por tanto mucho que hacer y mucho por lo que luchar para conseguir una enseñanza pública de calidad que garantice al máximo la igualdad de oportunidades en el desfavorable contexto de una desigualdad radical de tipo socioeconómica. Pero no es siguiendo las convocatorias oportunistas de los sindicatos que lo único que pretenden es mejorar su correlación de fuerzas delante de las autoridades del Departament y negociar en base a unos supuestos que no han recogido del colectivo de profesores.
En todo caso con estas reflexiones me gustaría generar un debate y siempre partiendo de la base que no juzgo las actitudes sino las conductas y mi propia interpretación sobre sus consecuencias.
